Convocados por la Comisión de Vecinos por Memoria Verdad y Justicia en Campomar, referentes de organismos defensores de derechos humanos hablaron de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la última dictadura militar en Argentina.
El miércoles último se realizó en la Legislatura porteña la charla “Centros clandestinos. Ayer y hoy”, organizada por la Comisión de Vecinos de Campomar. Coordinó el periodista Lisandro Martínez y el legislador Alejandro Bodart se solidarizó e instó a que los salones de la Legislatura estén al servicio de las luchas populares.
Juan Ayala, miembro de la Comisión de Vecinos por Campomar y periodista, habló de la situación de la exfábrica textil Campomar de Valentín Alsina. Hizo referencia al escaso acompañamiento por parte de la Justicia, el Estado y el Equipo de Antropología Forense: “Se señalizó la comisaría tercera de Valentín Alsina -a tres cuadras de Campomar- y no se habló ni de investigar a los policías involucrados ni a Campomar, cuando estoy convencido que este es el centro clandestino 30 del circuito Camps.”
Entre otras cosas se refirió al compañero exdetenido desaparecido que testificó en dos oportunidades haber estado en Campomar: “Ni siquiera se lo llamó a reconocer el lugar como en cualquier pesquisa policial. ¿Quién hizo eso? Nosotros y ahí recordó otras tantas cosas (…), sin embargo, su querella fue rechazada.”
A continuación habló Julio Avinceto, miembro de H.I.J.O.S La Plata, quien marcó en el mismo hilo que “la investigación la hacen los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos, la sociedad organizada pero nunca el Estado”. Como ejemplo de esta afirmación citó dos casos emblemáticos. En la Brigada de Infantería y Marina 3 en La Plata hace más de 20 años se conocen las denuncias de torturas, asesinatos, e incluso apropiación de recién nacidos, sin embargo no sólo no se investigó, sino que se construyó la nueva sede de la Universidad de La Plata, demoliendo el Centro Clandestino, sin siquiera cumplir la promesa de construir una plaza de la memoria.
El segundo caso es el exdestacamento de Arana, centro clandestino del circuito Camps, probado en el correspondiente juicio ya terminado, uno de los lugares donde estuvo detenido Jorge Julio López. Ante el anuncio del Equipo de Antropología Forense de haber hallado 10000 fragmentos óseos (lo que luego posibilitó la identificación de 30 compañeros) en plena campaña electoral 2010 el gobierno provincial montó sobre la excavación una jaula de metal y vidrio para exponer los restos humanos de los compañeros. Como dijo el compañero Julio de HIJOS, una política de derechos humanos de “circo y negocios”.
A continuación, el exlegislador porteño Marcelo Parrilli hizo un recorrido histórico, marcando que los centros clandestinos de detención no se inician en la dictadura sino durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, con la triple A, con “el campito” en Campo de Mayo y el centro montado en Acindar durante el operativo “serpiente roja del Paraná”.
Luego hizo un análisis de las dificultades para juzgar todos los crímenes cometidos y remarcó que el genocidio se realizó con el “encubrimiento y participación de los partidos tradicionales, la iglesia y la burocracia sindical. (...) Videla avisó en el ‘75 a todos, como dijo recientemente en su juicio, lo que iba a hacer, todos lo supieron y todos lo capitalizaron deshaciéndose de los sectores más contestatarios.” En esta perspectiva es que “solo los sectores más combativos del campo popular pueden hacer avanzar esto.”
Por último tuvo la palabra Carlos “Sueco” Lordkipanidse, de la Asociación ExDetenidos Desaparecidos, quien destacó que lo que había era una red de centros clandestinos interconectados, y que “no habría podido funcionar un solo centro clandestino de detención para desaparecer 30.000 compañeros, porque los centros clandestinos de detención son lugares. Es la necesidad de un lugar oculto para que el genocidio se desarrolle, si no sucede como hoy en día que el genocidio qom se ve y se nota. Si se hubiera desarrollado en la calle hubiera sido insoportable el asesinato de 30.000 personas.”
Luego destacó que si se avanzó hasta aquí en materia de derechos humanos fue por “la resistencia del pueblo que no olvidó”, pero que el reconocimiento de los centros clandestinos impone nuevos desafíos para sortear por ejemplo los intentos recurrentes de hacer negocios inmobiliarios con los mismos, o de cambiar su esencia: “A nadie se le ocurre tirar abajo Auschwitz y poner una estructura cuadrada de metal y vidrio y decir acá está este es el exAuschwitz, sin embargo eso es lo que se quiere hacer con la ESMA, presentar la ex Esma.”
Antes de abrir al debate, el compañero cerró con un interrogante: si vale o no la pena tanto esfuerzo militante en esta causa, y sí, en eso coincidimos: “vale la pena, porque en ese lugar, nuestros compañeros dieron su último combate”.
Gabriela Domínguez. Delegada docente de Lanús (Lista Roja Suteba). Miembro de la Comisión de Vecinos de Campomar
En la foto: Juan Ayala (Vecinos de Lanús por Campomar), Julio Avinceto (H.I.J.O.S La Plata), Lisandro Martínez (Vecinos de Lanús por Campomar), Dr. Marcelo Parrilli (exlegislador porteño) y Carlos “Sueco” Lordkipanidse (Asociación ExDetenidos Desaparecidos).
El miércoles último se realizó en la Legislatura porteña la charla “Centros clandestinos. Ayer y hoy”, organizada por la Comisión de Vecinos de Campomar. Coordinó el periodista Lisandro Martínez y el legislador Alejandro Bodart se solidarizó e instó a que los salones de la Legislatura estén al servicio de las luchas populares.
Juan Ayala, miembro de la Comisión de Vecinos por Campomar y periodista, habló de la situación de la exfábrica textil Campomar de Valentín Alsina. Hizo referencia al escaso acompañamiento por parte de la Justicia, el Estado y el Equipo de Antropología Forense: “Se señalizó la comisaría tercera de Valentín Alsina -a tres cuadras de Campomar- y no se habló ni de investigar a los policías involucrados ni a Campomar, cuando estoy convencido que este es el centro clandestino 30 del circuito Camps.”
Entre otras cosas se refirió al compañero exdetenido desaparecido que testificó en dos oportunidades haber estado en Campomar: “Ni siquiera se lo llamó a reconocer el lugar como en cualquier pesquisa policial. ¿Quién hizo eso? Nosotros y ahí recordó otras tantas cosas (…), sin embargo, su querella fue rechazada.”
A continuación habló Julio Avinceto, miembro de H.I.J.O.S La Plata, quien marcó en el mismo hilo que “la investigación la hacen los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos, la sociedad organizada pero nunca el Estado”. Como ejemplo de esta afirmación citó dos casos emblemáticos. En la Brigada de Infantería y Marina 3 en La Plata hace más de 20 años se conocen las denuncias de torturas, asesinatos, e incluso apropiación de recién nacidos, sin embargo no sólo no se investigó, sino que se construyó la nueva sede de la Universidad de La Plata, demoliendo el Centro Clandestino, sin siquiera cumplir la promesa de construir una plaza de la memoria.
El segundo caso es el exdestacamento de Arana, centro clandestino del circuito Camps, probado en el correspondiente juicio ya terminado, uno de los lugares donde estuvo detenido Jorge Julio López. Ante el anuncio del Equipo de Antropología Forense de haber hallado 10000 fragmentos óseos (lo que luego posibilitó la identificación de 30 compañeros) en plena campaña electoral 2010 el gobierno provincial montó sobre la excavación una jaula de metal y vidrio para exponer los restos humanos de los compañeros. Como dijo el compañero Julio de HIJOS, una política de derechos humanos de “circo y negocios”.
A continuación, el exlegislador porteño Marcelo Parrilli hizo un recorrido histórico, marcando que los centros clandestinos de detención no se inician en la dictadura sino durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, con la triple A, con “el campito” en Campo de Mayo y el centro montado en Acindar durante el operativo “serpiente roja del Paraná”.
Luego hizo un análisis de las dificultades para juzgar todos los crímenes cometidos y remarcó que el genocidio se realizó con el “encubrimiento y participación de los partidos tradicionales, la iglesia y la burocracia sindical. (...) Videla avisó en el ‘75 a todos, como dijo recientemente en su juicio, lo que iba a hacer, todos lo supieron y todos lo capitalizaron deshaciéndose de los sectores más contestatarios.” En esta perspectiva es que “solo los sectores más combativos del campo popular pueden hacer avanzar esto.”
Por último tuvo la palabra Carlos “Sueco” Lordkipanidse, de la Asociación ExDetenidos Desaparecidos, quien destacó que lo que había era una red de centros clandestinos interconectados, y que “no habría podido funcionar un solo centro clandestino de detención para desaparecer 30.000 compañeros, porque los centros clandestinos de detención son lugares. Es la necesidad de un lugar oculto para que el genocidio se desarrolle, si no sucede como hoy en día que el genocidio qom se ve y se nota. Si se hubiera desarrollado en la calle hubiera sido insoportable el asesinato de 30.000 personas.”
Luego destacó que si se avanzó hasta aquí en materia de derechos humanos fue por “la resistencia del pueblo que no olvidó”, pero que el reconocimiento de los centros clandestinos impone nuevos desafíos para sortear por ejemplo los intentos recurrentes de hacer negocios inmobiliarios con los mismos, o de cambiar su esencia: “A nadie se le ocurre tirar abajo Auschwitz y poner una estructura cuadrada de metal y vidrio y decir acá está este es el exAuschwitz, sin embargo eso es lo que se quiere hacer con la ESMA, presentar la ex Esma.”
Antes de abrir al debate, el compañero cerró con un interrogante: si vale o no la pena tanto esfuerzo militante en esta causa, y sí, en eso coincidimos: “vale la pena, porque en ese lugar, nuestros compañeros dieron su último combate”.
Gabriela Domínguez. Delegada docente de Lanús (Lista Roja Suteba). Miembro de la Comisión de Vecinos de Campomar
En la foto: Juan Ayala (Vecinos de Lanús por Campomar), Julio Avinceto (H.I.J.O.S La Plata), Lisandro Martínez (Vecinos de Lanús por Campomar), Dr. Marcelo Parrilli (exlegislador porteño) y Carlos “Sueco” Lordkipanidse (Asociación ExDetenidos Desaparecidos).
