Declara testigo del secuestro de Marie Anne Erize

 DEBATEN LA CAUSA ERIZE EN JUICIO A REPRESORES DE SAN JUAN

San Juan, 24 de julio (Télam).- Un testigo del secuestro de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize, declaró hoy en el juicio que el Tribunal Oral de San Juan lleva contra seis acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la provincia cuyana.
Domingo Oscar Palacios, hijo del dueño de la “Bicicletería Palacios”, aseguró ante los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, que vio cuando “cuatro hombres discutieron con la chica, la golpearon, ella se resistió y se tiró al suelo, pero igual la metieron en un auto y se la llevaron”.

 
Palacios tenía 28 años el 15 de octubre de 1976 cuando la modelo que integraba la Organización Montoneros y vivía en San Juan, fue a arreglar una bicicleta al negocio de su padre.
“Cuando ella se iba, vimos la discusión en la vereda y mi papá trató de defenderla pero lo golpearon y nos dijeron que nos metiéramos dentro del negocio, después de lo cual aunque ella se resistía, la subieron al auto y se la llevaron, dejando la bicicleta afirmada en la pared”, le dijo a los jueces.
El hombre que declaró sostuvo que no conocía a la joven y que aunque no está seguro, cree que era Marie Anne Erize, “porque años más tarde un abogado francés vino a la bicicletería y nos dijo quien era”.
Palacios declaró en la causa Erize, una de las cuatro grandes causas que contienen denuncias de desapariciones y torturas a más de 60 personas a manos de un grupo de militares y policías después del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

 
El Tribunal sanjuanino lleva adelante el juicio contra los imputados Jorge Olivera, Benito Martel, Antonio Lazo, Daniel Gómez, Horacio Nieto y Gustavo De Marchi.
En tanto, permanecen prófugos el ex teniente Carlos Malatto exiliado en Italia y los oficiales y suboficiales Eduardo Vic, Jorge Páez, Eduardo Cardozo, José Del Torchio, además del ex jefe de la Policía de San Juan, Juan Carlos Coronel.
Palacios dijo que los que se llevaron a la modelo franco-argentina estaban vestidos de civil, pero que al día siguiente una comisión de militares se instaló en la esquina a la espera de alguien que viniera a buscar la bicicleta que había quedado abandonada.

 
El testimonio de Palacios fue ratificado en prácticamente todos sus términos por su esposa, Selva de Palacios quien estuvo muy pocos minutos ante los jueces.
Finalmente, declaró el ex conscripto del Ejército, Héctor Benito Pelayes, quien actuó como escribiente en el allanamiento que días después del secuestro de Marie Anne Erize, un grupo de militares realizó a la casa donde vivía la modelo.
Pelayes dijo que los militares le dictaban lo que debía escribir en el acta realizada y negó haber visto en el lugar del allanamiento a los imputados en el juicio, a pesar de que dijo conocerlos por haber hecho el servicio militar bajo sus órdenes.

La impunidad de los condenados

 Por José Ernesto Schulman *

El carácter histórico de los juicios contra los perpetradores del genocidio sufrido por el pueblo argentino en los ’70 deriva de la “singularidad” de que esta vez se pudo quebrar la impunidad que el Estado ha brindado a todos los genocidas y a casi todos los represores desde la invasión militar colonial española, pasando por los crímenes de la Inquisición y los sufridos en las guerras de independencia, siguiendo por los cometidos por el Estado durante todo el siglo XX hasta diciembre de 2001. La impunidad es la llave de la continuidad del horror inicial hasta el paroxismo del ’76. Y ha sido el Estado el constructor y sostén de dicha impunidad. En ese proceso, la idea de la “continuidad jurídica”, la pretensión de que los actos criminales de un poder ilegal son legales –tal como sentó doctrina la Corte Suprema al avalar el golpe del ’30– ha sido la justificación que el liberalismo prestó a la construcción de una cultura represora que hoy asoma en la pretensión de “normalidad jurídica” dogmática al momento del Juicio y Castigo.

Digámoslo de entrada, no es el derecho al estudio de ciudadanos en situación de cárcel lo que se discute al momento de posicionarse frente a la pretensión de algunos represores de “estudiar” en la UBA; para nada, lo que se discute es cómo se enfrenta la estrategia de impunidad para los genocidas que el Estado construyó desde el primer momento y que no ha cesado de intentarse hasta hoy por medio de tres formas principales: la impunidad biológica (“estirar” los procesos judiciales para que los represores mueran “acusados” pero sin condena, como Pinochet en Chile); la impunidad del poder económico (que pretende un genocidio sin sentido, sin beneficiarios, que niega aquello de Walsh en su Carta: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”). Y hay aún, para nuestra sorpresa, una estrategia de los condenados para sostener su impunidad. Y así como enfrentamos, desde el ’76, todas las impunidades, nos toca ahora enfrentar la pretensión de un trato preferencial para ellos: detenciones domiciliarias, eximición de juicios o cárcel por razones de salud y ahora “estudiar” en la UBA, como si fueran simples personas nacidas en hogares de escasos recursos y excluidos del sistema educativo por el capitalismo, “refundado” por el terrorismo de Estado, que se basa en la exclusión social y la discriminación hacia los débiles.

Pero no es el caso. Casi todos ellos estudiaron carreras militares o policiales en su juventud, tuvieron luego entre 20 y 30 años para emprender nuevos estudios en el largo período que pasó entre que fueron identificados como los responsables de los centros clandestinos y el terrorismo de Estado y el momento de su prisión. Pero no lo hicieron; tampoco “comprendieron” y “reconocieron” el daño que hicieron a la sociedad, más bien, todo lo contrario. Son ellos los privilegiados, los discriminadores y los que todavía deben a la sociedad la información sobre el destino de los desaparecidos. Que no se los juzgue por esos delitos continuos es una más de las formas en que sectores del aparato jurídico estatal los sigue protegiendo. Como el Servicio Penitenciario, que los trata como si fueran los dueños del país, creándoles condiciones que ningún otro preso tiene, aun cuando llegan a “cárcel común”, no es común su condición carcelaria. Siempre privilegios.

La UBA no sólo tiene el deber de enfrentar esta estrategia de impunidad con máscara estudiantil, tiene la oportunidad de escuchar a los universitarios víctimas del terror que esperan un gesto claro de repudio a los represores y de reivindicación de los “desaparecidos” de la universidad por la acción de estos genocidas que ahora pretenden, nada menos, ocupar ellos mismos su ausencia tan querida.

* Secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Carta de Cristina Murias, hermana del fray asesinado

Quiero  hacerlos participes de algunos pequeños detalles  de cómo llega a juicio esa causa en la que soy querellante por mi hermano Carlos de Dios Murias,  Es un gran circo  en donde el Juez nego todos los derechos a la querella y admitio chicanas inverosímiles a los defensores de los genocidas, uno de los partícipes   es profesor de la universidad San Juan Bosco,  de Madryn protegido de la jerarquía. Lo que sigue traté de que se publique  en El Norte del pais, pero no se que pasara. Otro, el capitan Escudero, que tiene una muebleria en la ciudad de La Rioja no pudo ser encontrado por el Juez, en 4 años y  que mando a interpol a buscarlo-

"Los tribunales riojanos se mueven por tracción a reprimendas,Primero en fallo a contramano dela jurisprudencia nacional en la Mega causa riojana, motivo la apelación de la Unidad fiscal del Dr Auat  Salió entonces el fallo en Angelelli, ahora cuando se señalo que la más atrasada era la provincia de la Rioja fijan fechas de audiencias .Siempre sin escuchar a los querellantes

Finalmente las fuerzas oscuras que han seguido entorpeciendo la investigación de estos crímenes de lesa humanidad ocurridos en la provincia de La Rioja deben estar satisfechas. Luego de 36 años solo 3 imputados llegan a juicio en el caso de los sacerdotes de la Rioja. Esta causa llega mutilada ya que esos crímenes tenían un solo objetivo; acallar la pastoral del Obispo, atacando a sus seguidores más fieles y consecuentes. Es un absoluto contrasentido que no se hayan acumulado  las causas de Chamical, Sañogasta y  Punta de los Llanos, que fueron cometidas por el mismo grupo, comandado por Aníbal Gordon, como ocurría cuando los militares no querían verse  involucrados por las consecuencias internacionales y humanas de esos hechos.- Estos crímenes tienen origen en la persecución que venía padeciendo el Obispo por parte de los terratenientes, y clases dominantes riojanas como lo demuestran hechos históricos, como el ataque que sufrió en el año 73 el Obispo y su séquito en Anillaco, por los Cruzados de la Fe de esa localidad, que no fueron excomulgados por expreso pedido del entonces gobernador Menem. El decreto de entredicho está acompañado al expediente. También, reflexiones del Obispo escritas entre la muerte de los sacerdotes y la suya. .Manifiesta que Los Cruzados de la Fe eran los que confeccionaban las listas negras para el facto, para la persecución de personas molestas.  Jamás ningún ningún juez los investigó,: son riojanos, y poderosos,  No así las victimas que eran llamados extranjeros.. Hay testigos presenciales que vieron a Vera-, el comisario que goza de libertad hasta hoy,en el momento y lugar del crimen -Uno de los que lo vieron Fernández, murió en un extraño accidente de caza, nunca investigado ni se hizo autopsia. Hay testigos de los aprietes de Vera hacia este muchacho antes de su muerte. Hay quienes  escucharon a Vera  en su estado de ebriedad consuetudinario gritar que él había matado a los curas,. Eso consta en el expediente.- Testigos apretados,por los responsable con poder y libres para presionar hasta hoy.-  La actuación de Harguindeguy cuya investigación se solicitó por la querella de Murias en el año 2007 por ser el encargado de la persecución a los religiosos-  nunca  fue escuchada por el Juez Herrera Piedrabuena, quien si la admitió para la causa Angelelli,- La inefable jerarquía de la iglesia católica ,que nunca quiso admitir el crimen, pues ponía en evidencia el odio de jerarcas como Bonamin, Tortolo Plaza, Primatesta ,éste especialmente implicado junto a Bonamin en la marcación del obispo para silenciarlo.- Célebre  la homilía de Bonamin en la Base CELPA. pidiendo sangre para purgar la ideología.- Esto y la inacción,  mejor  OMISION de “los amigos”, como Zaspe, quien siendo vicepresidente de la conferencia episcopal le mando a decir que solo podía rezar por él..¡¡¡SOLO PODIA REZAR?!   Hessaine, DeNevares, Novak, Podestà y demás progresistas, denunciaron el crimen pero después de la llegada de la democracia. Entonces si fueron muy enérgicos. Otra cosa que trabó la investigación fue  la psicología, la mentalidad, el ambiente que impera en los conventos, tan bien retratados por Umberto Ecco en “El nombre de la rosa”  Estos conventuales que primero lloraron sinceramente la muerte de su hermano franciscano, y tuvieron mucho miedo, pero luego del cambio de Custodio Provincial se produjo un cambio de mentalidad,. Y la intriga, la envidia, y el incumplimiento de las obligaciones o votos asumidos al ingresar a la Orden, generaron calumnias y entorpecieron la investigación, al punto que la abogada que propusieron a la familia Murias, los Conventuales es hoy testigo de los genocidas.-

El proceso: un horror,! .La Iglesia consiguiendo libertad de colaboradores indispensables, de partes, del aparato organizado del poder  reconocidas por los mismos jueces que los liberan, hoy profesores en la U  Católica, y  poniendo palos en la rueda, Y la gente que los amaba y declara sobre su santidad ,en la causa, de repente cambian sus declaraciones y no conocen quienes los perseguían, y no precisamente desde el 24 de Marzo.

En resumidas cuentas la realidad es que no se hizo lo debido por parte de la justicia, donde  incluso, intervinieron como jueces,  abogados que fueron antes defensores de imputados, los que fueron dejados de lado ( a cambio de qué?) hasta llegar a los 3 indiscutibles,"

No habrá justicia.  Cristina Murias  DNI 3969113 –

Claudio Tamburrini habla de su historia y opina sobre los juicios

Claudio Tamburrini pudo ser un desaparecido de la dictadura argentina. Pero su vida dio un giro inesperado. Contó su historia y opinó sobre los juicios a los represores

 Era la noche del 24 de marzo de 1978. Se cumplía dos años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar. El país dormía, desconociendo o ignorando el triste destino de cientos de personas secuestradas y torturadas por los militares. Los guardias de la Mansión Seré descansaban. Mientras cuatro jóvenes se las ingeniaban para escapar de ese calabozo de la muerte emplazado en pleno Castelar.

Un clavo, un cable de plancha que trababa las persianas de la ventana totalmente cubierta y una soga de sábanas, con la pizca indispensable de astucia, fueron los elementos suficientes para llevar a cabo la fuga. Claudio Tamburrini, Daniel Russomano, Guillermo Fernández y Carlos García salieron sin ser percibidos y así como estaban, con las manos semiatadas y desnudos, corrieron hasta encontrar refugio.

La historia parece de película. Pero, aunque inspiró un film, es totalmente verídica. En diálogo conuno de los protagonistas -Claudio Tamburrini- recordó ese momento de su vida, explicó por qué "lo volvería a vivir" y compartió su opinión sobre los recientes juicios contra los represores del Gobierno de facto.

En aquel entonces, tenía 23 años y era estudiante de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. También jugaba en el Club Deportivo Almagro. Desde noviembre de 1977 a marzo de 1978 fue privado de su libertad y torturado. Todo por su vínculo con un ex compañero de colegio investigado por la Fuerza Aérea. Hoy, tiene 57 años y es un filósofo especializado en ética y deportes formado en Suecia, donde reside desde que pidió asilo político.

-¿Qué tipo de secuelas le dejó su detención en la Mansión Seré?

-No tengo secuelas físicas, y las emocionales, en todo caso, son positivas por las vivencias que he desarrollado a partir de esa experiencia. Es diferente ser sometido a un secuestro o a torturas y escaparse por la propia vía a ser liberado por el torturador. Además, fue edificante que, al fugarnos, indirectamente salvamos la vida de todos los que quedaron en la cárcel. A la semana, la Fuerza Aérea incendió la casa para borrar toda huella de ese centro clandestino de detención. A los que estaban secuestrados los fueron transfiriendo a penales o a comisarías, es decir, blanquearon su situación.
 
-¿Por qué volvería a vivir ese momento?

-Es una parte determinante de mi  vida. Esto es una cosa mala que me pasó, pero que fue la causa que me llevó a vivir mi vida. Si yo no hubiera sido secuestrado probablemente no hubiera salido del país, no hubiera conocida a mi esposa, no tendría a mis hijos, no hubiera tenido la formación profesional que tengo. En ese momento mi vida tomó un curso que nunca hubiera tomado.

-¿Volvió a encontrarse con sus compañeros de habitación en la Mansión?

-En la Mansión Seré, me reencontré en el año 85 con Guillermo Fernández, y nos vemos regularmente. Es el que concibió la fuga. Me volví a ver, muchos años después, con Carlos García en Barcelona, en 2009. En el 85, también lo vi a Russomano cuando esperábamos para dar testimonio en el juicio a las juntas.
 
Una mirada distinta sobre los juicios a los represores

Tamburrini comparte el reclamo de justicia y castigo contra los responsables del terrorismo de Estado. Sin embargo, , en lo que difiere es en los métodos porque no se está cumpliendo con la consigna de verdad. El destino de los cuerpos de los desaparecidos y los nombres de los apropiadores de bebés aún son una deuda pendiente de la democracia. "Y se nos está acabando el tiempo", advierte.

 -¿Cuál es su opinión sobre la reapertura de los juicios a los represores?

-El proceso que se inició a partir de 2003, con la reapertura de las causas, la revisión del proceso y la inclusión de los comandantes y de todos los involucrados en las violaciones de derechos humanos, es positivo. Pero a mi juicio es insuficiente. Ha sido implementado desde una perspectiva errónea; se ha dejado de lado el hecho de que ya han pasado 30 años. El tiempo se nos está acabando, se nos están muriendo los represores. Nos quedan cuestiones fundamentales por resolver, como es saber qué pasó con los detenidos desaparecidos, donde están los cuerpos, dónde están los bebés apropiados, quienes fueron los cómplices civiles de los militares...
 
-¿Qué propone entonces?

- La única forma de llegar a revelar la verdad es ofrecer una negociación penal. Es decir, una rebaja en las penas a quien colabore totalmente. Muy posiblemente no sea necesario negociar con los comandantes, como Rafael Videla, que tampoco debe tener información puntual de quién se llevó tal bebé. Hay que buscar a los que manejaron concretamente estos operativos. Se ha puesto énfasis en los procesos judiciales en el castigo y en la noción de justicia, pero en una noción de justicia limitada, de justicia retributiva, que consiste en la aplicación puntual de la pena establecida por un cierto hecho delictivo y penal. Pero en este momento la prioridad es la noción de verdad y la noción de justicia concebida más ampliamente porque justicia no es solamente castigar dura y retributivamente.

-¿Cree que puede haber un cambio de mentalidad en cómo se están encarando los juicios?, ¿tuvo la oportunidad de plantear esta propuesta a familiares de desaparecidos?

-Es contradictorio, porque los familiares defienden la necesidad de aplicar un castigo duro a los responsables de las violaciones de derechos humanos, pero también dicen que quieren conocer toda la verdad y saber qué pasó con sus familiares o identificar a los bebés apropiados. Hay una contradicción porque, al amenazar y aplicar una pena dura, se está cerrando una posible negociación y se está instando al condenado a que se calle. Y está afianzando el pacto de silencio entre militares, que la democracia argentina no ha podido quebrar. Pero los mismos familiares reconocen que se está terminando el tiempo y tienen miedo de no poder encontrar a sus nietos. Por eso, el énfasis tiene que ser saldar el déficit de verdad.
 
-Durante el proceso, buena parte de la sociedad argentina permaneció indiferente a lo que sucedía, ¿hoy la conciencia está formada e instalada?

-El ambiente y la actitud que se percibe en la gente recuerdan mucho a lo que se percibía en 1985 en pleno proceso contra los comandantes. Esta vez hasta renovado, con más energía y más convicción, porque esta vez el entorno apoya, es favorable. En el año 85 los juicios fueron perturbados por los levantamientos militares, había un gobierno civil recientemente establecido y con militares con poder de armas. Hoy no tenemos esa situación, tenemos un gobierno civil, democráticamente electo, consolidado y la amenaza de un golpe militar es inexistente. El problema está en determinar los fines que pretenden conseguir: si es solo juicio y castigo o si pretende también alcanzar el esclarecimiento de la verdad. Si uno elige este último fin, eso tiene que influir necesariamente en el tipo de pena que elijan, en el tipo de negociación penal.

 -Argentina se convirtió en referente para la región por el enjuiciamiento de los responsables de la dictadura, ¿cuáles son los errores que deberían corregir los países de Latinoamérica que decidan emprender la misma vía?

-En general, cuando hablamos de terrorismo de Estado, en especial cuando es de muchos años antes, cuando los testigos ya no recuerdan o muchas pruebas han sido destruidas, cuando es más difícil reconstruir lo que ha sucedido, se hace mucho más difícil. Hay que dar prioridad al esclarecimiento de la verdad y de los hechos. Y a partir de eso elaborar una política de persecución penal: qué necesitamos saber y qué es lo que no sabemos.

Campaña para reconstruir la memoria de los trabajadores estatales desaparecidos

“Romper con el pacto de silencio”

La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad convoca a empleados públicos que se desempeñaron durante la dictadura a aportar información relacionada con violaciones a los derechos humanos.

 Por Ailín Bullentini

“Contanos tu verdad”, invita la consigna, que intenta condecirse lo más posible con la idea que la originó, una (otra más) vía de acción que desarrolló la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, un espacio que un grupo de trabajadores sostiene desde 2007 sobre un puente simbólico que une al Ministerio de Planificación Federal y al Archivo Nacional de la Memoria, para, claro, hacer lo que el nombre del grupo dice que hacen: reconstruir la memoria alrededor de aquellos “estatales” –empleados públicos– que permanecen desaparecidos desde la última dictadura. En el trajín cotidiano de esa tarea, los integrantes de la agrupación cayeron en la cuenta de varias cosas: en primer lugar, que son muchos los que trabajaron durante los años del terrorismo de Estado, pero además, y lo que es más importante, que su voz puede ser la que aporte aquello que hasta ahora nunca se dijo: “Sólo ellos pueden aportar lo que se vivía en ese momento, una información valiosa que puede servir a la Justicia”, dijo Julián Scabbiolo, miembro de la comisión y militante de la Juventud de Obras Públicas. A ellos, a los que vieron, escucharon o vivieron algo relacionado con los delitos de lesa humanidad, está dirigida la consigna que inaugura esta nota y que representa la segunda gran campaña de la comisión.

La puesta en marcha de esta iniciativa, que ya recogió cuarenta nuevos testimonios relacionados con torturas, secuestros y desapariciones sucedidas puertas adentro de la administración pública, tiene que ver con la razón que justifica la existencia de la comisión: “Como trabajadores del Estado nos planteamos la necesidad de recuperar la identidad de nuestros compañeros desaparecidos”, definió Scabbiolo.

Su primera gran campaña estuvo orientada a recuperar los legajos de los trabajadores desaparecidos –se calcula que son alrededor de 400– y a plasmar en esos documentos la razón por la cual ellos, hombres y mujeres víctimas del terrorismo de Estado, habían dejado de asistir a sus lugares de trabajo: la reparación documental. “En esos documentos figuraba que habían sido dados de baja o despedidos con causa justificada por haberse ausentado de sus puestos de trabajo. En realidad, habían sido secuestrados. Como el Estado fue su empleador, queríamos que fuera el propio Estado el que registre a sus trabajadores con la verdad”, dijo Scabbiolo. Ya a partir de entonces decidieron ampliar el círculo de acción de la comisión a toda la administración nacional. “Pensemos en los trabajadores de la salud, aquellos que se desempeñaron en hospitales o centros de salud. O los choferes. hasta las propias Fuerzas Armadas tenían personal civil que trabajaba para ellos. Administrativos, ordenanzas, choferes... podrían tener mucho que contar.”

Ese trabajo documental les reveló un nuevo panorama que los impulsó a generar otra campaña: “Empezamos a ver a que se hacían presentes compañeros que trabajaron con hombres y mujeres que hoy están desaparecidos. Sólo ellos pueden aportar lo que se vivía en ese momento. Los estatales tienen información para brindar a la Justicia”, apuntó el militante. Así nació “Contanos tu verdad”, una campaña que busca “romper con el pacto de silencio que la dictadura soldó con el terror y que sabemos que en muchos empleados aún opera –completó–. Todos los recursos del Estado fueron utilizados para el genocidio político, que fue organizado hacia adentro del mismo Estado para eliminar a los compañeros que tenían un compromiso con la democracia, la participación política y los valores más profundos de compañerismo y solidaridad. Esos valores son los que hoy, nosotros, queremos rescatar e imitar”.

El año pasado comenzaron a recibir testimonios de personas que trabajaron en algún estamento de la administración nacional pública y de aquellos que aún continúan haciéndolo, “como un paso más en la reconstrucción de la memoria de los trabajadores del Estado y con el claro objetivo de aportar datos a la Justicia”, señaló. Hasta ahora, cuarenta testimonios fueron presentados al Archivo Nacional de la Memoria, el organismo estatal “encargado de encontrarle el sentido al aporte que puedan brindar para determinadas causas, tanto aquellas que se estén investigando como aquellas que puedan llegar a iniciarse”.

En ese sentido, el secretario ejecutivo del Archivo, Carlos Lafforgue, calificó de “fundamental” la articulación de los espacios con vistas a esta iniciativa: “Las campañas de este estilo incentivan la tendencia que, por lo general, se da en las personas cuando llegan a una edad avanzada en sus vidas, cuando sienten que no quieren irse sin decir aquello que saben”. El Archivo también participa en calidad de receptor, organizador y guardia de los testimonios que aportaron ex conscriptos, impulsados por la conocida campaña de los colimbas, cuyo objetivo es prácticamente el mismo: “Han surgido cosas interesantes”, mencionó Lafforgue.

La importancia de las “verdades” que ofrecen aquellos que alguna vez vieron, oyeron o vivieron el accionar del terrorismo de Estado no sólo radica en el aporte de nombres de probables responsables o en la posibilidad de conocer el destino de quienes hoy permanecen desaparecidos, sino que va más allá. “Hay datos que rompen con ciertos esquemas culturales que teníamos” respecto de los delitos de lesa humanidad, estimó Scabbiolo. Los famosos Ford Falcon, que no sólo usaban los milicos sino toda la administración pública, es un ejemplo. “El terrorismo de Estado operó dentro de la esfera pública para introducir el terror y el miedo. Sentimos que a través de esta campaña generamos un cambio cultural, algo que aún consideramos pendiente”, concluyó el integrante de la comisión.

Los interesados pueden ponerse en contacto con la comisión a través de la web www.obraspublicas.gov.ar/ comision/contanos o al teléfono 4349-7613.

Juliana García hacla sobre el caso del ex secretario del Ejército, Eduardo Alonso

"Le aplicaron una obediencia debida”

El integrante de la conducción del Ejército en tiempos de Fernando de la Rúa participó del asesinato de su padre y el secuestro de su madre embarazada. Pero se fue del país y tiene pedido de captura internacional. El caso. La bronca.

 Por Victoria Ginzberg

El 12 de enero de 1977, cerca de treinta militares irrumpieron en la casa de Domingo García y Beatriz Recchia, en Villa Adelina. El fue asesinado. Ella, que estaba embarazada, secuestrada. La niña que nació en cautiverio fue apropiada y encontrada en 2009. La hija mayor del matrimonio, que tenía tres años cuando presenció el operativo, buscó a su hermana y a los asesinos de sus padres. Hace cuatro años supo que Eduardo Alfonso, que había llegado a secretario general del Ejército durante el gobierno de Fernando De la Rúa y que hasta entonces carecía de antecedentes públicos que lo vincularan directamente con la represión ilegal, había estado en su casa aquel 12 de enero. Las pruebas estaban en el legajo del militar. Junto a los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo logró que lo encarcelaran. Pero, poco después, el represor recuperó la libertad. Esta semana, cuando la Justicia volvió a ordenar su arresto, Alfonso ya no estaba en el país. Juliana está furiosa, pero más allá de este caso, dice que Justicia “tiene que darle otro tratamiento al genocidio” para evitar la fuga de los acusados.

El legajo personal de Alfonso incluye el Informe de Calificación de 1976/1977 en el que el entonces teniente primero de Caballería aparece con parte de enfermo el 12 de enero de 1977. El diagnóstico fue “herida de bala con perforación intestinal (bajo información)”. En el Boletín Público del Ejército Argentino número 4148 del 6 de julio de 1977 figura la condecoración que le dieron por haber recibido ese disparo. La reseña dice así: “Con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en Combate’ a Teniente primero C. D. Eduardo Alfonso y Teniente primero D. Raúl Fernando Delaico”.

–¿Cuál es la situación de Alfonso hoy? –preguntó Página/12 a Juliana García Recchia.

–Tiene pedido de captura internacional y está prófugo, aunque técnicamente no se fugó, porque cuando se fue no tenía prohibición de salir del país. Se fue el domingo pasado vía Uruguay y quién sabe dónde está ahora.

–¿Alguien tiene la culpa?

–Responsabilizo al sistema judicial en general, pero puntualmente la gran responsable es la Cámara Federal de San Martín. Hace cuatro años nos costó que el juez Alberto Suares Araujo lo llamara a indagatoria, tuvimos que salir a denunciar públicamente que no lo hacía, hasta que lo detuvieron. La defensa de Alfonso admite que estuvo en un operativo, pero dice que era un operativo de tránsito, que estaba en Villa Adelina en una esquina junto a Delaico, que pasaron en una moto dos personas y les tiraron y que lamentablemente Delaico, que es el único testigo, está muerto. Pero él no sabía que Delaico había hablado antes de morir. Habló en su propio legajo. Delaico había participado de uno de los alzamientos carapintadas y lo pasaron a retiro. Entonces, pidió que le pagaran más porque había estado en el operativo de la calle Independencia 1940, en Villa Adelina. Aparentemente, él se cayó de la medianera y por eso tuvo problemas de salud. Por eso pedía más plata. Pero la Cámara Federal de San Martín (los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati) en un fallo sumamente arbitrario y parcial dice que sí estuvo en el operativo en mi casa, porque lo del tránsito era insostenible, pero que en realidad él no sabía a qué iba. No sé cómo saben eso, porque Alfonso sostenía otra cosa, decía que estaba en otro lugar. Le aplicaron de hecho una obediencia debida y dijeron que, además, como fue herido, eso lo deja afuera del hecho.

–¿En vez de que la herida sea la prueba de que participó, era la prueba de que no tuvo nada que ver?

–Tal cual. Dicen que no llegó porque estaba “fuera de combate”. Primero le dictan la falta de mérito y luego el sobreseimiento y eso es lo que nos permite apelar. Era todo muy ridículo. Lo apelamos en Casación, que muchas de estas apelaciones no las trata, pero en este caso la aceptaron porque era terrible. El queda en libertad y sin prohibición de salir del país, a pesar de que el caso seguía abierto. La denuncia la habíamos empezado hace cuatro años. Alfonso estaba limpio totalmente, llegó a general de Brigada y fue el que se recorrió todo el país defendiendo y dando apoyo a los represores cuando empezaron a ser citados por los Juicios por la Verdad. Era el secretario general del Ejército de (Ricardo) Brinzoni y pasó a retiro cuando asumió (Roberto) Bendini. Es alguien con vinculaciones. Para mí, de los militares que están imputados es uno de los más poderosos y de los que pueden tener mayor cobertura. En la audiencia de Casación, su abogado dijo: “Tenemos coincidencias porque consideramos que lo que pasó es horroroso” y cosas así. Es un cobarde que ni siquiera se hace cargo. Nos está tomando el pelo. Su abogado dice que estuvo con la autocrítica de (Martín) Balza y es una mentira. Sólo viendo las notas que salieron en Página/12 cuando defendía a los represores queda muy claro.

–¿Creés que lo van a encontrar?

–No. me encantaría creerlo, pero no. (El represor de la ESMA Jorge) Vildoza está prófugo hace 15 años. Se fugó (Juan) Wolk (del Pozo de Banfield). Hay muchos represores fugados, no es gente que esté a derecho. En este caso puntual, la falla mayor está en la Cámara que lo liberó con un fallo parcial. Pero tenía una causa que no estaba cerrada y si no le dieron prisión preventiva le tendrían que haber prohibido salir del país. Para mí, tiene que ver con una cuestión más general. Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, se tratan como delitos comunes, lo único diferente es que se pueden juzgar más allá de que hayan pasado más de diez años. La gente sospechada debería tener una prohibición de salir del país y las preventivas deberían ser rápidas, porque hay represores que se están fugando. La Justicia tiene que darle otro tratamiento al genocidio. Yo conozco un pibe que fue acusado de robar un desodorante en un kiosco y estuvo tres meses adentro y otros meses más en su casa con la tobillera. Y esta gente, que está acusada de delitos de lesa humanidad, tiene este movimiento. Si vamos más al extremo y si me preguntan a mí, tendría que haber otras cosas, como inversión de la prueba...

–Pero por ahí se abre la posibilidad de que después se invaliden las causas hechas de esa manera...

–Eso se hizo en otros países, no es un delirio total. Porque a 35 años hay que estar en cada detalle para juntar pruebas. Y hay un montón de personas que si no fueron vistas se quedan por fuera. En Campo de Mayo, por donde pasaron más de cinco mil detenidos, los procesados son muy poquitos. El genocidio merece un tratamiento diferente. En Casación, pedimos en la audiencia que tuvimos que resolvieran en el momento y ordenaran el arresto y que después dieran los argumentos. No lo hicieron, se tomaron dos semanas. Y en ese tiempo se escapó. Está todo dentro de la legalidad, incluso podrían haberse tomado más tiempo. No soy abogada, pero éstos no son delitos comunes. Aunque en este caso los jueces de la Cámara Federal de San Martín son los responsables y los denunciamos en el Consejo de la Magistratura, hay cosas que se tienen que pensar desde otro lugar. Alfonso está en cualquier lugar, quizá con documentación falsa, con otra apariencia y con plata para hacer lo que quiera. Y ahora es complejísimo, es buscar una aguja en un pajar.

–¿En lo personal cómo te sentís?

–Estoy enfurecida. Cuando me enteré, la furia y la angustia fue terrible. Y estoy con una sensación de impotencia porque se fugó y se podría haber evitado.

En el aniversario de las Madres, acercándonos a Josefina "Pepa" de Noia

"Era sábado al mediodía, me senté en un banco de la Plaza y me puse a fumar… estábamos yo y las palomas, hasta que llegaron las otras madres", así describía Josefina García de Noia -"Pepa"- aquel 30 de abril de 1977 en el que un grupo de mujeres sembró la semilla del movimiento más poderoso que supo enfrentar a la dictadura cívico militar: las Madres de Plaza de Mayo.

"Pepa" es la mayor de ese puñado de 14 mujeres que crearon la agrupación convencidas por Azucena Villaflor de Devincenti que hace 35 años y desde la capilla Stella Maris, en Retiro, selló para siempre su vocación de líder y las convocó con un "basta, tenemos que ir a la Casa de Gobierno", para reclamar por sus hijos.

Cumplirá 91 años el 6 de julio y desde el 13 de octubre de 1976 no dejó de buscar a su hija María Lourdes de Mezzadra, psicóloga, docente universitaria, que militaba en Montoneros y fue secuestrada en su domicilio junto a su esposo Enrique, cuando tenía 29 años.

"La ví por última vez el día anterior, cuando vino a almorzar a mi casa de Castelar y al irse acompañada por su hermana Margarita para la facultad de Morón, le dije: `Lourdes, cuidate, por favor`, porque ya sabíamos lo que estaba pasando", recordó en una entrevista con Télam en su casa de Villa Devoto.

"Al otro día me la llevaron, primero a su marido (luego liberado) y más tarde a Lourdes y dejaron a su hijito Pablo Enrique con los vecinos que llamaron a los abuelos paternos para que se quede con ellos", prosiguió.

A Pepa le dio la noticia otra consuegra que la visitó al día siguiente: "vino a la mañana, una cosa rara, y mientras yo preparaba mate, dijo como en voz alta `yo se lo tengo que decir` y me lo dijo….".

Ese día marcó la vida de Pepa, quien decidió "dejar todo" e ir a buscar a su marido al trabajo y a "empezar a andar". "Fui a comisarías, iglesias, embajadas, despachos de las fuerzas armadas, Tribunales, pedí hábeas corpus y empecé a conocer a otras madres y compartir con ellas mi desesperación". El año 1976 golpeó sin piedad a la familia Noia, compuesta por los padres y cuatro hermanos: su hijo mayor, que trabajaba en la multinacional Ford, se anticipó al horror y se fue a Australia dos meses antes del golpe.

El mismo camino siguió otra hija que, aunque no militaba, viajó junto a su marido 10 días antes del secuestro y desaparición de Lourdes, quedando la familia quebrada en pocos meses, con Pepa, su marido y Margarita, compañera de búsqueda que milita en Hermanos y Hermanas de Detenidos-Desaparecidos.

La memoria de Noia sobre aquel 30 de abril registra que fue la primera en llegar a la cita, alrededor de las 12.30, "y fumando, como siempre, cigarrillos largos que nadie quería fumar".

"La reunión era a las 14 pero yo fui antes, llena de ansiedad, me fumé dos paquetes, hasta que llegó María Adela Antokoletz y después más madres y nos quedamos como dos horas hablando pero sin ser recibidas por ningún funcionario porque era sábado", relató.

Sin pañuelos blancos aún, ni rondas alrededor de la Pirámide, "eso llegaría después", recalca, decidieron volver el viernes siguiente y después acordaron que fuera jueves, a pedido de una madre que asociaba el viernes al "día de brujas".

Sobre lo que siguió después, durante todos los años siguientes, reconoce que "al principio confiábamos en los que nos decían, hasta que nos dimos cuenta que todos nos mentían".

De monseñor Emilio Grasselli, vicario castrense que recibía a las madres en la iglesia Stella Maris para obtener información, guarda los peores recuerdos, como del condenado Alfredo Astiz, a quien Azucena "cuidaba como a un hijo".

"Una vez que crucé a Grasselli en Tribunales, le dije si se acordaba de mí, y al reconocerme iba a poner su mano en mi hombro pero yo le dije "no me toque, sus manos están sucias en sangre de nuestros hijos. El dio media vuelta y se fue mientras yo seguía diciéndole cosas".

De su primera visita a la Casa de Gobierno recuerda que fue con otra madre "a ver al `señor` Videla, así le decía yo" y tras esperar un rato son llevadas a distintos despachos en forma separada, y ante la misma pregunta, responden que "`venimos por nuestros hijos`, no dijimos una palabra más", y reciben como respuesta "`lo vamos a tener en cuenta`. Nos fuimos muy asustadas".

El pasado y la actualidad atraviesan el relato de Noia, y el presente tiene una fecha, el 9 de agosto, cuando por primera vez se presente como querellante en el segundo juicio oral por crímenes en la ex ESMA, donde estuvieron cautivos Lourdes y su esposo.

Allí testimoniará que cuando fue a la casa de Lourdes "estaba todo tirado, libros, muebles, dinero, menos el retrato de Evita" y que "en la mesa de luz estaba el velador sin su lámpara, que habían usado para torturarla".

"Nunca supe nada de ella, sólo por lo que contó Enrique cuando fue liberado, que estuvo encapuchado junto a ella pero pudo reconocer que el lugar era la ex ESMA", apuntó.

"Y pensar que cuando iba a averiguar por ella por todos lados, estuve en la ESMA y antes de entrar, me paré sobre la calle Libertador y mientras veía entrar los Ford Falcon preguntaba mirando al edificio: `¿estarás acá?`".

Hoy "Pepa", es junto a madres y abuelas que buscan verdad, memoria y justicia, parte de la historia de la Argentina y desde su casa de Villa Devoto, y con un cigarrillo siempre a mano, sigue yendo "algunos jueves" a la Plaza, a las reuniones de las Madres y sobre todo, disfruta del cariño de los homenajes que cada vez son más.

por  Liliana Valle