Zulema Chester, hija de Jacobo, desaparecido en el Posadas, indignada con la condena

El 28 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas, conducidas por el dictador Reynaldo Bignone ingresaron al Hospital Posadas con tanquetas y helicópteros. Desde ese fatídico día, la dirección quedó a cargo del coronel médico Agatino Di Benedetto que con el objetivo explícito de “acabar definitivamente con las actividades subversivas que tienen lugar en el hospital” y mediante “listas negras” seleccionó al personal que fue detenido. 

 
Fue entonces cuando el 28 de marzo se detuvieron 35 trabajadores que fueron trasladados a Coordinación Federal, dos días después detuvieron dirigentes gremiales que fueron derivados a los penales de Olmos y Devoto. El 13 abril de 1976 se designó a Julio R. Estévez, como director interino, quien organizó un sistema de vigilancia con la coordinación del subcomisario de la Policía Federal, Ricardo Nicastro, un grupo de tareas autodenominado SWAT, se encargó de la represión dentro del hospital.
Los represores que integraron este grupo son Hugo Oscar Delpech, Cecilio Abdelnur, Victorino Acosta, Juan Máximo Costelezza, José Faraci, Adolfo José Marcolini, José Meza, Luis Muiña, Oscar Raúl Tevez, Argentino Ríos, Jorge Villalba y Carlos Ricci: jefe de Mantenimento. El grupo SWAT funcionó hasta enero de 1977, cuando dejó de actuar tras un supuesto enfrentamiento con la Fuerza Aérea.

 
Zulema Chester es hija de Jacobo Chester, un técnico en estadísticas y secretario administrativo de la guardia del Posadas. Chester fue secuestrado el 27 de noviembre de 1976. “Mi papá no tenía militancia política pero sí supo oponerse al grupo SWAT cuando vio las faltas de respeto y el maltrato tanto hacia el público como al personal, y eso le valió ser secuestrado y asesinado después”, se lamenta Zulema, quien cuenta que desde el primer día de la desaparición de su papá comenzaron a organizarse con los familiares de otros trabajadores secuestrados del hospital. “Sabíamos que la represión venía de adentro del hospital, cuando nos reuníamos con las otras familias contaban las mismas atrocidades. Desde entonces no hemos bajado los brazos ni los vamos a bajar.”
Zulema Chester está enojada con la condena. “Tengo una sensación de frustración porque hace 35 años que estamos luchando por justicia. Cuesta mucho conseguir los testigos, y en este juicio declararon personas que no habían declarado antes”, relató.
Zulema Chester sostuvo que “es difícil entender que se reconozcan que se cometieron delitos de lesa humanidad y a la vez dar una condena de ocho años y mandarlos a la casa. Así como los represores mantienen un pacto de silencio, en la justicia hay trabas que son difíciles de remover”.
El fallo provocó decepción entre los familiares y los organismos de derechos humanos