jueves, 16 de octubre de 2014

El caso Toledo

Por Luis Niño *

I. El tema nos retrotrae a fines de junio de 1982, en el último tramo de la dictadura militar. Cumplía yo funciones como secretario del Juzgado de Instrucción N° 3, a cargo del Dr. Carlos Alfredo Oliveri, en turno, para esa fecha, con el Servicio Penitenciario Federal. A través de una nota de rutina, enviada por la dirección de la –hoy desaparecida– cárcel de Caseros, supimos del supuesto suicidio de un joven detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en esa unidad, llamado Jorge Toledo.

Sin aviso previo, el juez y sus secretarios –Susana Pernas y quien suscribe– concurrimos a ese establecimiento y, evitando cabildeos, ascendimos al piso 18, donde se alojaba a los presos que revestían aquella condición. La sorpresa de los funcionarios administrativos era mayúscula: no era usual en esos tiempos que un juez se presentara en la prisión, fuera del consabido ritual de las visitas programadas a esos establecimientos; menos aun, si la noticia que lo convocaba era la muerte de un preso, y –por añadidura– de un preso a disposición de la autoridad gubernativa. Por lo demás, la presencia de los dos secretarios permitía presagiar que se llevarían a cabo actos procesales sobre el terreno.

Así fue: interrogamos a los internos acerca de testigos que pudieran dar cuenta de las causas y circunstancias del penoso episodio y logramos apuntar los nombres y apellidos de una holgada veintena de ellos, dispuestos a declarar sobre el caso, al tiempo que, en base a escuetas referencias obtenidas allí, incautamos el libro de enfermería correspondiente a esa planta y la documentación referida a Toledo.

Cuando ese mismo día, de regreso en el juzgado, cursé las cuatro primeras citaciones de esa lista para que se hiciera comparecer a los convocados en el Palacio de los Tribunales, se nos comunicó que, por “razones de seguridad nacional”, la totalidad de los presos entrevistados horas antes habían sido remitidos a la Unidad 6, de Rawson, Provincia del Chubut.

Hasta allí viajamos entonces, Oliveri y yo, junto al –entonces– auxiliar Marcelo Rodríguez Jordán, aprovechando la existencia de una ley que extendía la competencia funcional de los jueces a todo el territorio de la República, cuando se tratara de asuntos relativos a detenidos vinculados con la subversión; y, valga aclararlo, lo hicimos con viáticos habilitados por la propia Corte Suprema que, presumiblemente, habrá dispuesto los fondos estimando que nos trasladaríamos en tren de investigar ilícitos imputables a aquéllos.

En aquella oportunidad, los veintitantos testigos narraron con llamativa precisión y coincidencia las peripecias vividas por Toledo, que configuraban un paradigma del uso perverso que puede hacerse de determinados medios técnicos para aniquilar a un ser humano privado de su libertad. Y es de rigor añadir que esas decenas de testimonios recibieron corroboración, mucho tiempo después, recuperada ya la democracia, por parte de los médicos de nacionalidad suiza –pertenecientes a la Cruz Roja Internacional– que en su hora habían examinado a Toledo, recogiendo sus relatos y los de sus compañeros de infortunio, y exhortando sin éxito a las autoridades militares un cambio en el tratamiento prodigado a todos ellos y a él en especial. Uno de esos detenidos, Hernán Invernizzi, nos confió que era la primera vez que veía a un juez tras casi una década completa de privación de su libertad.

II. La versión reconstruida a partir de la documentación habida por el juzgado y de la totalidad de las declaraciones bajo juramento reunidas es la siguiente: Toledo era un joven trabajador de la provincia de Buenos Aires. Había sido también un militante de base, con conciencia de clase y con actividad gremial, ni más ni menos. A punto tal que, desbaratadas las acusaciones de subversión armada que habían servido para someterlo a encierro cinco años antes, apenas permanecía detenido exclusivamente a disposición del Poder Ejecutivo.

Su dignidad y su presencia de ánimo no habían decaído, a pesar del tiempo transcurrido y de los sucesivos traslados. Hasta el momento de ingresar al que sería su último lugar de alojamiento, había conservado un optimismo prometeico, que tan pronto le llevaba a gritar desde su celda a los compañeros que resistieran las veintitrés horas diarias de encierro que sufrían, porque –según vaticinaba– faltaba poco para que la dictadura se desplomara, como a dar breves consejos vitales –furtivamente, durante los breves recreos– instando a realizar ejercicios en la soledad de cada habitáculo, para no perder la flexibilidad muscular, o a taparse intermitentemente uno y otro ojo, obligándose con el descubierto a fijar la vista en un dedo de la mano y seguidamente en el extremo opuesto de la celda, para conservar la elasticidad del cristalino y no perder aceleradamente el sentido de la vista.

Esas características de personalidad lo habían convertido en un líder natural, a quien muchos de aquellos hombres, doblegados por las torturas físicas recibidas con anterioridad, y por las psíquicas, que perduraban, confiaban sus secretos, sus temores y sus expectativas.

Cabe apuntar también que, por aquel entonces, se había constituido en el Servicio Penitenciario Federal una –así llamada– División Médico Psiquiátrica, especial, aunque no exclusivamente, dedicada a atender a esos detenidos.

Un cierto día, los carceleros ingresaron al pabellón en busca de Toledo, y dando voces lo llevaron a la enfermería, comentando con tono risueño que él colaboraría con las autoridades, ya que sabía mucho de la vida privada de sus compañeros. Desde entonces, cotidianamente, lo llevaron y lo trajeron, siempre alardeando ruidosamente con la circunstancia de que recibirían información de su elegido acerca de los otros presos. De poco sirvió que él jurara a sus confidentes, en persona o gritando de celda a celda, que nunca había abierto su boca para delatar sus secretos y que ni siquiera se lo interrogaba sobre ellos. Poco a poco, al compás de la ostentosa publicidad de algunos datos mantenidos en reserva por aquéllos, y recogidos por los guardianes vaya a saber cómo –tal vez durante la requisa a las visitas o interceptando mensajes de los propios presos, escritos en papel para armar cigarrillos–, muchos comenzaron a desconfiar de su héroe y a abandonarlo en un aislamiento doblemente doloroso.

Pero ese habría sido sólo el comienzo. Según el relato de los ocupantes de los calabozos contiguos, por las noches había comenzado a suceder un rito maquiavélico. Trepando por las escaleras auxiliares del hueco central del edificio penitenciario, utilizadas ordinariamente por los operarios encargados de reparar el servicio sanitario instalado en cada celda, alguien golpeaba la pared del cubículo de Toledo y lo nombraba, hasta conseguir que despertase. Al responder, sobresaltado, al llamado anónimo, la descarga manual del sanitario desde el exterior de la celda le indicaba simbólicamente a qué materia se lo asimilaba en ese lugar de encierro. El procedimiento se habría repetido diariamente, durante meses, con una meticulosidad digna de mejor causa; y si por las mañanas el sueño lo vencía en el recuento de la guardia entrante, recibía la sanción de aislamiento, consistente en alojarlo en una celda igual de pequeña pero blindada, sin luz ni referencia objetiva alguna, durante varios días.

Tales experimentos desequilibrantes se combinaban con otros, padecidos por todos los internos alojados en el piso 18. El equipo de música funcional era frecuentemente utilizado para difundir una misma marcha militar, o un mismo tango, o una música popular machacona y vulgar, durante horas, monótono ritual que solía combinarse con un sonido de acople agudísimo.

III. Al cabo de tantos meses, la fortaleza de Toledo se desmoronó. El, que había desatendido las provocativas admoniciones de aquel sacerdote que, en lugar de asistir y consolar a los prisioneros, los había reconvenido por sus supuestas faltas e intentaba persuadirlos de que ese purgatorio era el que merecían sobrellevar; él, que había insultado al barbero de la unidad, cuando insistía en demostrar, a él como a los otros, enrollando la toalla que empleaba para sus tareas, cómo se había ahorcado otro detenido y qué fácil era terminar con tanto sufrimiento; él, que recomendaba a sus compañeros de encierro abstenerse de ingerir toda medicación sedante o ansiolítica, acabó por rogar que los profesionales de aquella División Médico Psiquiátrica le recetaran algo para poder dormir.

Con una premura inusual en los tratamientos de intramuros, los especialistas recetaron diversos medicamentos psicotrópicos –Uxen, Librium, Valium– según surgía de la documentación oportunamente secuestrada, como para neutralizar con creces tanto sueño bruscamente interrumpido, tanta desesperación a causa del agudo silbido percibido durante horas, y –luego– tanto aislamiento en un sitio donde se pierde noción de tiempo, de espacio y de toda relación con el otro.

Así pasaron semanas y meses, los últimos de su vida. Aquel que había brillado por su autodominio, que había estimulado a tantos consortes de padecimiento, quedó reducido en breve lapso a una sombra pasiva y somnolienta; y así lo recordaron quienes hubieron de arribar allí tras el comienzo de tal abordaje farmacológico. Hasta que, de pronto, sin indicación terapéutica que avalase la decisión, conforme pudimos acreditar a partir de aquella misma fuente probatoria, se le suprimió el suministro de la medicación.

Durante las jornadas siguientes a ese inconsulto corte del tratamiento, algunos oyeron desde sus lugares de encierro gemidos y sollozos nocturnos, reclamando las drogas regularmente recibidas, en el marco de un evidente síndrome de acostumbramiento. Tras ello, el más profundo aislamiento emocional y social.

De nada sirvió aquella tarde el aliento fraterno de Hugo Soriani, por entonces detenido a escasas celdas de distancia, instándolo a salir de la suya para aprovechar el exiguo recreo cotidiano.

Repentinamente, un movimiento inusual y la demora en devolverlos a sus respectivos cubículos alertó a sus camaradas de infortunio. Al advertir que el personal penitenciario transportaba un cuerpo, pudieron comprobar que Toledo se había acogido, aunque con irritante demora, a la cínica instrucción del barbero de la unidad.

Esa noche, los sobrevivientes del piso 18 se sorprendieron con un menú especial –carne al horno con papas– y una marcha fúnebre como música de fondo, macabra conjunción que ninguno de ellos pasó por alto.

IV. En el Juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 3 fueron vinculados a proceso, en su momento, el director del establecimiento y los médicos actuantes, en orden a los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, respectivamente. Tiempo después, sobrevenida la democracia y ya designado juez en la misma sede, proseguí con la tramitación de la causa, dictando prisión preventiva, conforme a idéntica calificación, contra los facultativos en cuestión, medida que no se hizo efectiva en esa etapa, por habérselos eximido de prisión antes de ser indagados.

El fiscal de juicio mantuvo, a su vez, tal encuadre legal al acusarlos; pero el juez Nerio Bonifati –fallecido años atrás– quien, tras alcanzar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, había regresado a Buenos Aires para desempeñarse, alternadamente, como juez de Instrucción y de Sentencia, al pronunciar su fallo en este último carácter, si bien coincidió en cuanto a dar por plenamente probada la materialidad de los ilícitos mencionados, aludiendo incluso a la existencia de una sistemática de terror dentro de las cárceles durante aquel período, consideró que carecía de elementos de juicio suficientes como para reprochar puntualmente a tales encausados la responsabilidad por el hecho en cuestión, y los absolvió de culpa y cargo. Más aun: me remitió fotocopias de lo actuado para que, en caso de considerarlo oportuno, adoptara algún temperamento.

Dado que su propia resolución vedaba un nuevo juicio sobre los acusados, y por razones de competencia en razón de la materia, elevé esos testimonios a la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional, en pos de la investigación de responsabilidades de nivel superior al de la dirección de la unidad. Poco después se me informó que tales actuaciones habían sido archivadas.

En épocas en que se procesa a ex magistrados y funcionarios por acciones u omisiones penalmente relevantes, sucedidas en el período dictatorial, es justo reivindicar a quienes, como el prematuramente desaparecido doctor Carlos Oliveri, supieron actuar con integridad y coraje cívico frente al espurio poder establecido. Y, paralelamente, rescatar la valentía de ese conjunto de ciudadanos que, sujetos aún al redoblado rigor penitenciario, testimoniaron sobre el martirio de Jorge Toledo.

* Juez y profesor universitario

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